Sumario Semana del 5 al 11 de Enero de 2026. Edición 1.

Economía - Sostenibilidad

Fuente: UCACYL / El Economista 12 de Noviembre de 2025

La multa por no evaluar los riesgos de las empleadas de hogar podra ascender a 49.000 euros.

Este viernes 14 de noviembre se cumplen seis meses desde que la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, presentó la herramienta para evaluar los riesgos laborales de las empleadas del hogar, 'Prevención10.es'. Para ese día, las familias que tengan contratada a alguna persona en su domicilio tendrán que haber cumplido con esta obligación o de lo contrario, se exponen a multas de entre 2.451 y 49.000 euros (en función de los agravantes), según explican fuentes del Ministerio de Trabajo a elEconomista.es.

El reglamento que recopila estas novedades fue aprobado por el departamento que encabeza Yolanda Díaz hace más de un año, no obstante, su plena entrada en vigor se retrasó hasta que esta plataforma cumpliera medio año. Esta norma se dedica a detallar los derechos de los trabajadores empleados en el seno del hogar (dedicados a tareas domésticas, cuidados, atención de los miembros de la familia, jardinería, conducción de vehículos o guarderías) y las obligaciones de sus empleadores a la hora de identificar los riesgos, aplicar medidas preventivas y velar por su salud (lo que puede conllevar la realización de un reconocimiento médico cada tres años).

El empleador tendrá que hacer una evaluación inicial de los riesgos para la seguridad y la salud del trabajador que después deberá actualizar cuando se produzcan cambios en las condiciones de trabajo o se haya producido algún daño. Si tras este análisis se detecta que existe algún riesgo específico para la persona empleada se adoptarán "las medidas necesarias para eliminar o reducir y controlar tales riesgos". Todas ellas se recogerán en un documento en el que se reflejará la fecha de adopción y del que se entregará una copia al empleado.

La persona contratante también tendrá que facilitar al trabajador "equipos de trabajo adecuados" para realizar su actividad. Además, tendrán que aportar equipos de protección individual para los casos en los que no se puedan evitar o minimizar los riesgos identificados. El empleador tendrá que asumir el coste de estos equipos, que se facilitarán de forma gratuita al trabajador y también de su renovación; así como comprobar que se usan de forma correcta.

El reglamento también establece que el trabajador tendrá que estar informado en todo momento de los riesgos a los que se enfrenta al desarrollar su actividad profesional y qué medidas debe adoptar para protegerse de ellos. En este sentido, recoge que el empleador tiene derecho a formarse en materia de prevención en su tiempo de trabajo a través de la plataforma habilitada por el SEPE y la Fundación Estatal para la formación en el Empleo (Fundae).

La normativa también reconoce la capacidad del empleado de interrumpir su actividad si considera que existe un riesgo grave e inminente para su vida o su salud o abandonar el domicilio si lo considera necesario. Una decisión que tendría que comunicar de forma inmediata al empleador sin que este pudiera perjudicar al trabajador por ello (excepto si ha actuado de mala fe).

En el caso de que sea el empleador el que detecte este riesgo grave e inminente, deberá comunicárselo a los empleados y adoptar las medidas necesarias para evitarlo o interrumpir su actividad. Trabajo establece que el empleador no podrá pedir que retomen esta actividad mientras persista el peligro. El empleador podrá asumir en primera persona estas labores de prevención, nombrar a un trabajador que se ocupe de esta actividad o contratar un servicio de prevención ajeno al domicilio.