Sumario Semana del 15 al 21 de Abril de 2024. Edición 16.

Responsabilidad Social Corporativa

Fuente: UCACYL-VA / Diario de Valladolid 2 de Abril de 2020

Malestar en Cecale por la ampliación a 10 días del plazo para resolver los ERTEs.

Cecale mostró ayer su «preocupación» ante la decisión de la Junta de ampliar a diez días, y no en cinco como mandata el Gobierno, el plazo para resolver los expedientes de regulación presentados por las empresas de Castilla y León que se han visto obligadas, por mandato legal y fuerza mayor, a cerrar como consecuencia del coronavirus. Esta medida, publicada ayer en el Boletín Oficial de Castilla y León, solo afecta a los ERTEs por fuerza mayor, no al presentado por empresas por causas organizativas, económicas o productivas o técnicas.

La patronal considera que «esta decisión conduce a las empresas a una situación más extrema y de mayor confusión», y resulta, tal y como expone en una nota de prensa, «incoherente y contradictoria» con el compromiso de la Junta, en el marco del Acuerdo del Diálogo Social del pasado 25 de marzo, de «resolver los expedientes a la mayor brevedad posible» aún sabiendo de antemano «el gran volumen de expedientes que se iban a presentar».

Pese a esta crítica, asegura que «respeta» la decisión de la Junta, al entender que se ha visto obligada a ampliar el plazo de resolución ante la «improvisación» del Gobierno central con su «innumerable y cambiante normativa» y «sus cambios de criterios», matiza el presidente de Cecale, Santiago Aparicio.

El consejero de Empleo, Germán Barrios, explica que la razón de ampliar el plazo es «dar seguridad jurídica al sector empresarial castellano y leonés», después de que el Gobierno, en el Real Decreto Ley 9/2020, estableciera dos disposiciones adicionales –la segunda y la cuarta– que abre la puerta a sancionar a aquellas empresas que «hayan incurrido en falsedades o incorrecciones» a la hora de presentar la documentación.

«Yo no puedo permitir que en mi Comunidad el sector empresarial corra ese riesgo», expone, haciendo especial hincapié en esas «micropymes que nunca hasta ahora habían tramitado un ERTE y que pueden cometer equivocaciones» a la hora de ofrecer datos y recopilar información.

Por ello, explica que se ha «cogido esa atribución», que le permite la ley de procedimiento administrativo, «no porque tenga caos en las oficinas», que también, sino porque «si la Junta resuelve un ERTE por silencio administrativo y luego la documentación tuviera alguna incorrección, el Gobierno podría sancionar a la empresa y ésta tendría que devolver el dinero percibido por todos los trabajadores, más todas las cuotas de la Seguridad Social y encima una sanción, más los intereses», explica.

La raíz del problema está, según Barrios, en que el Estado ha dado a las Comunidades exclusivamente cinco días para que resuelvan los expedientes y en esos mismos cinco días todos los expedientes tienen que pasar por Inspección. «Si la Inspección tarda cinco días en analizarlo, las oficinas territoriales de Trabajo se quedan sin días físicos materiales para resolver», añade Barrios. Y si no se resuelve en plazo, la empresa puede dar por sobreentendido que el expediente se considera aprobado.

El consejero asegura que Castilla y León, al igual que «Murcia, Andalucía y Madrid», han solicitado a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, por carta que ampliara no a diez sino a quince días el plazo para la resolución, «sin que haya dado respuesta». «No pedimos más plazo para tener más tiempo nosotros, sino para dar seguridad jurídica a las empresas», insiste.

Del mismo modo, Barrios recuerda que ha pedido, también por carta al Ministerio, que para tramitar los ERTEs por fuerza mayor, es decir el de aquellas empresas que se vieron obligadas a echar la persiana por imperativo legal, solo se necesite una declaración responsable del empresario, sin tener que pasar por la autoridad laboral de la Comunidad.

«¿Por qué la autoridad laboral tiene que dejar constancia de que una empresa ha presentado un ERTE por fuerza mayor cuando hay una norma estatal que dictamina qué sectores tuvieron por fuerza mayor que cerrar?», se pregunta.

Si el Ministerio atendiera esa reclamación de la Junta, le quitaría «el 80 o el 90% de los expedientes» que tiene sobre la mesa. «Ganaríamos tiempo y nos permitiría agilizar la tramitación del resto, los de causas económicas u organizativas, que son los más complicados porque hay que mirar uno por uno».

Aunque Barrios sostiene que la Junta trata por todos los medios de «agilizar y simplificar al máximo la tramitación de todos los ERTEs», se ve impotente a la hora de sacar adelante todos los expedientes. No oculta que sus oficinas están saturadas. Y pone un dato sobre la mesa: «una sola provincia en diez minutos tramita más ERTEs de los que se presentaron en toda Castilla y León en 2019».

«Hay oficinas que tienen muy poco personal porque han caído enfermos o están en cuarentena. Y aunque hemos reforzado con personal, este tiene que aprender a tramitar, lo que lleva un tiempo, más cuando se están teletramitando y los empleados públicos lo hacen desde casa».

Sea como sea, afirma que «lo más importante ahora es tramitar ERTEs para que los castellanos y leoneses puedan cobran el desempleo el próximo 10 de abril». Que lo hagan o no «dependerá de si el SEPE tiene capacidad para proceder a los pagos en esa fecha», apostilla Barrios.

Según los datos facilitados ayer por la Consejería de Empleo, la Junta ha recibido un total de 26.125 solicitudes de expedientes de regulación de empleo desde el lunes 16 de marzo, que afectan a un global de 144.772 trabajadores. Esto significa que solo en el último día han recibido 1.135 expedientes nuevos, lo que equivale a un incremento del 4,5%. El número de trabajadores afectados por un ERTE aumentó en un día un 3,5%, en total 4.919 nuevos ayer. Desde que se decretara el estado de alarma, en Castilla y León cada día, de media, 2.177 empresas tuvieron que recurrir a despedir de forma temporal a sus trabajadores para sortear la crisis provocada por el coronavirus.

Si esta situación es complicada, más lo es, según el consejero, la de aquellas empresas de sectores no esenciales que también se han visto obligadas a cerrar pero que no pueden acogerse a un ERTE y tienen que dar permisos retribuidos recuperables. No solo porque es un eufemismo que esconde que el empresario tendrá que descontar vacaciones a sus empleados, sino porque «obliga a las empresas a mantener el empleo a pleno pulmón», denuncia.

«Dé a todas las empresas a las que ha obligado a cerrar el mismo tratamiento que le daba con el Real Decreto 8/2020 y no perjudique más a un grupo de trabajadores y empresas», exige Barrios al Ministerio.