Sumario Semana del 22 al 28 de Abril de 2024. Edición 17.

Economía - Sostenibilidad

Fuente: UCACYL / El Economista 6 de Noviembre de 2018

El Gobierno prepara ayudas a las CCAA para la devolución del impuesto de las hipotecas.

El Gobierno ya prepara con un 'plan A' ante la posibilidad de que el Tribunal Supremo abra la puerta a que la Agencia Tributaria tenga que devolver el impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD) a todos los usuarios que contrataron una hipoteca en los últimos cuatro años, periodo de prescripción del tributo. Concretamente, como la tasa AJD está cedida a las comunidades autónomas, serían las pertinentes Agencias Tributarias regionales las que afrontarían las devoluciones.

El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, reconoció el lunes, tras la Comisión Ejecutiva del PSOE, que si las autonomías finalmente tienen que realizar las devoluciones, el Ejecutivo debe instrumentar "algún tipo de ayuda o cooperación para que esto no les afecte en su tesorería y su situación financiera, ya de por sí delicada", para sostener la "liquidez" de las regiones. Con todo, no dio pistas sobre qué tipo de herramientas financieras se estarían barajando, aunque todo indica que se tratarán de créditos del Estado.

El plan a poner en marcha por el Ejecutivo de Sánchez apunta a un sistema de financiación similar al Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), por el que las distintas comunidades accederán a fondos del Estado a medida que vayan registrando las reclamaciones de los ciudadanos. Este sistema no computaría como déficit para la Administración pública y facilitaría la liquidez ante unas controvertidas y masivas devoluciones que llegan en plena fecha de elecciones autonómicas, que se celebrarán en la primavera de 2019.

Las fechas clave para entender la polémica sentencia del impuesto de las hipotecas

En cualquier caso, el ministro de Fomento indicó que espera que el dictamen final del alto tribunal dé, ante todo, "certidumbre y seguridad", por lo que defendió que "lo ideal es conseguir, dentro de un marco que ofrezca seguridad jurídica, un equilibrio entre los consumidores y las instituciones financieras".

No obstante, el Tribunal Supremo decidió este lunes prolongar la deliberación sobre el impuesto hipotecario hasta este martes a partir de las 10 horas. El Pleno de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo se reunió el lunes a las 10 horas y, tras un receso de algo más de una hora para comer, el debate se alargó hasta las 19:30 horas. La disparidad de posturas en torno a quién debe asumir el pago del impuesto AJD, si el banco (como dictó el tribunal el 16 de octubre) o el cliente (tal y como estaba establecido antes del fallo) protagonizaron la deliberación. La retroactividad es la segunda gran cuestión, tras el giro de jurisprudencia, que debate el tribunal.

Impacto en la liquidez

Si el órgano judicial abre la puerta a que se devuelva a familias y empresas el impuesto AJD pagado en el contrato hipotecario en los últimos cuatro años, las Haciendas autonómicas podrían afrontar un impacto máximo de hasta 3.631 millones de euros si los 1,56 millones de usuarios que han firmado una hipoteca desde octubre de 2014 deciden pedir la devolución del impuesto, según los datos facilitados por Gestha, el sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda.

Las CCAA más afectadas serían, por volumen de devoluciones, Cataluña, Andalucía, Madrid y la Comunidad Valenciana. Concretamente, la autonomía que preside Quim Torra tendría que hacer devoluciones máximas por 832 millones de euros, seguida de Andalucía, que se enfrentaría a abonos de 743 millones de euros. Tan sólo entre estas dos regiones acumularían hasta el 43% del global de la cuantía a reintegrar.

Las reclamaciones a la Agencia Tributaria consiste en la presentación de un escrito denominado Solicitud de Devolución de Ingresos Indebidos que debe presentarse de forma simultánea ante la Consejería de Hacienda de la Comunidad Autónoma en la que se liquidó el impuesto y la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (órgano estatal) para evitar que las entidades se deriven la una a la otra a la hora de reconocer su responsabilidad, según informa Legálitas.

No obstante, una segunda opción, en el caso de que se aplique retroactividad, es no acotar límite temporal abriendo la posibilidad de que todos los clientes que han firmado una hipoteca desde 1995 hasta el 16 de octubre de este año, fecha del polémico fallo del Supremo, reclamen el impuesto. Las firmas de abogados expertas en este tipo de reclamaciones sitúan la fecha límite para exigir las devoluciones en 1995 porque fue el ejercicio en el que se aprobó el artículo 68.2 del impuesto AJD, que decía que debía abonarlo el cliente, y que fue anulado por el alto tribunal hace tres semanas.

La estrategia de los bufetes apuntan a que las reclamaciones anteriores a los últimos cuatro años irían contra la banca bajo el argumento de que introdujeron en el contrato una cláusula declarada nula y, por tanto, no debería de existir.

Gestha, que tiene datos de las hipotecas firmadas desde enero de 2003, calcula que las entidades afrontarían devoluciones por hasta 25.657 millones de euros si los 13,44 millones de usuarios que firmaron una hipoteca desde ese ejercicio hasta octubre de 2014 deciden pedir el reintegro del impuesto hipotecario. En este caso, hasta los clientes que ya han amortizado el préstamo por la vivienda podrían pedir la devolución del dinero.

Reacción de las entidades

Los bancos se mostraron el lunes relativamente molestos por el aplazamiento de la decisión. Algunos de ellos esperaban el anuncio de una resolución a última hora de la mañana del lunes, por lo que no entienden cómo el Supremo ha podido gestionar de una manera tan ineficiente este caso, que es fundamental para el desarrollo del mercado hipotecario.

Las entidades se juegan mucho en la deliberación del Pleno del Alto Tribunal. El retraso genera algo más de incertidumbre, en un momento en que el sector financiero necesita seguridad jurídica, por lo que reclaman que esperan que el Supremo se ponga de acuerdo cuánto antes y aclare meridianamente el terreno de juego para los créditos para la adquisición de la vivienda. "No se puede tener a todo un país pendiente para luego no comunicar nada", se quejaron distintas fuentes bancarias.