Sumario Semana del 22 al 28 de Abril de 2024. Edición 17.

Social - Familia - Género

Fuente: UCACYL-VA / Norte de Castilla 15 de Abril de 2015

La Junta atenderá a 40.000 nuevos dependientes al incorporar los casos más leves.

La crisis provocó, desde el año 2012, una considerable reducción presupuestaria para atender a los beneficiarios de la Ley de Dependencia –de 111 millones menos solo de lo procedente del Estado para Castilla y León en 2010– y no desdeñables cambios en los derechos que recogía una normativa que apenas cumplía un lustro en su aplicación y ni tan siquiera se había consolidado en su primera redacción en la inmensa mayoría de las comunidades. Con un desarrollo pues inconcluso, el verano de aquel 2012 fue época de modificaciones de la ley –no todas necesariamente aplicadas en Castilla y León, que cambió su modelo para adaptarse a los recortes–. Reformas que redujeron las ayudas para cuidados en el entorno familiar, con nuevos cálculos de copago, incompatibilidad de prestaciones, reevaluación de la condición de dependiente dado que se simplificaron los grados y niveles al desaparecer estos últimos... y moratorias.

Bajo el pretexto de atender mejor a los discapacitados y mayores con diagnóstico más severo y a los grandes dependientes, se cerró la puerta de entrada al sistema a los moderados, es decir, a los casos que, aunque sean más leves precisan ayuda al menos una vez al día para algunas actividades básicas, que sufren limitaciones para ser autónomos. El calendario inicial, aprobado en la ley de 2006, indicaba una incorporación al sistema de este grupo desde 2011 si eran Grado I nivel 2 y, a partir de enero de 2013, para los del mismo grado pero de nivel 1, algo más moderados. Al desaparecer los dos niveles y agruparse ambos bajo el paraguas solo del llamado Grado I, todos los casos se retrasaron hasta el día 1 de julio de 2015, con la única excepción de los que ya habían sido valorados.

Así, a partir del próximo verano entrarán en el sistema de dependencia todos los valorados como moderados. Según los cálculos de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades son 40.000 las personas que, en Castilla y León, tendrán tal calificación cuando, de forma progresiva, se hayan incorporado todas a los programas de ayudas económicas y prestaciones que reconoce la Ley de Dependencia, una consolidación del sistema que, previsiblemente, «se alcanzará en unos cuatro o cinco años», explica la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Milagros Marcos Ortega.

Valoraciones

Unos cálculos que se basan en los estudios del Libro Blanco de la comunidad –extrapolado del nacional– que, en los albores de la ley, realizó estimaciones en base a la pirámide poblacional para cuantificar a todos los beneficiarios y sus grados. «Aquellas previsiones han resultado hasta ahora bastante acertadas, situaban a los grandes dependientes y a los severos en una cifra que rondaría los 60.000 en el año 2015 y la misma se alcanzó en 2013; pero se mantiene más o menos estable con la entrada y salida por fallecimiento del sistema», señala la consejera de Familia.

La responsable de estas políticas sociales explica asimismo que su departamento ya lleva unos meses «trabajando con las corporaciones locales y las gerencias de los servicios sociales territoriales para actualizar los casos evaluados en los años 2011 y 2012, y los de las personas que habiéndolo solicitado, no alcanzaban los grados cubiertos hasta ahora por la ley pero, en breve,con la ampliación lógicamente entrarán en el sistema y poder, así, dar una respuesta lo más ágil posible». De esta forma, la Junta espera para el mes de julio, en cuanto entre en vigor el fin de la moratoria, una avalancha de siete mil solicitudes, de forma casi inmediata y, después, progresivamente, estima cerrar el año con la incorporación de unas 20.000 personas.

La aplicación de la ley a este grado de dependencia leve comenzó el 1 de enero de 2011. Por ello, todas las personas valoradas durante dicho ejercicio mantuvieron su derecho a prestaciones cuando se aprobó el Real Decreto estatal de 2012. Ello supuso que las comunidades más ágiles en su gestión y que más casos habían atendido en tiempo y forma, como ocurrió con Castilla y León, tuvieron menos casos pendientes para 2012 y, por lo tanto, menos afectados por aquel retraso. En la comunidad llegaron a disfrutar del reconocimiento ocho mil beneficiarios;de los que ya solo quedan seis mil, los otros han empeorado su estado y subido de grado y, con la moratoria, no ha habido obviamente nuevas incorporaciones.

Según el calendario originariamente previsto en la Ley de Dependencia, entre 2013 y 2014 debería haber culminado el proceso de implantación de las coberturas de modo que los dependientes de todos los grados estuvieran debidamente atendidos por el sistema.

Refuerzos

Para hacer frente a la avalancha de solicitudes que llegarán este verano a las gerencias territoriales de Servicios Sociales, la Junta ha reforzado, según destaca Milagros Marcos Ortega, los Centros de AcciónSocial, Ceas, «para garantizar que no haya retrasos en la aplicación dado que hay que gestionar la demanda, calcular capacidad económica, hacer la valoración... para ello hemos reforzado las plantillas de los 189 Ceas con 120 profesionales más».De esta forma, estos centros contarán con 1.124 profesionales entre trabajadores y educadores sociales y psicólogos para resolver esta alta demanda. Muchos de los casos que entrarán en los próximos meses y años en el sistema están ya, no obstante, probablemente atendidos bajo la cobertura de los Servicios Sociales tradicionales y es probable, no obstante, que algunos ni siquiera tengan que ajustar su prestación. La unificación de la valoración será en este sentido una ventaja para la comunidad de Castilla y León que no tiene dos sistemas totalmente paralelos y distantes sino con puentes y unificación del acceso. Ambos, antes de la unificación, suponían para los demandantes una doble ventanilla, diferentes informes sociales y médicos y distintas valoraciones de la renta y el patrimonio.

La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades dio finalmente en 2012 con la fórmula única y Castilla y León se convirtió en la primera comunidad con un acceso único a ambas líneas de actuación. Una sola solicitud, un único informe médico, el mismo parte sociosanitario y también una única valoración de la renta del beneficiario que permite determinar su participación.

El avance fue considerable para el solicitante que, desde entonces, solo tiene que pedir en Servicios Sociales, o bajar de la web de la Junta (www.jcyl.es), la ‘Solicitud de acceso a los servicios sociales y de valoración de la dependencia’, un documento que además va acompañado de instrucciones y ha simplificado la tramitación. Una única puerta de acceso para el beneficiario y una simplificación que favorece también a la Administración que no tendrá que duplicar papeleo, trabajo y horas.